En una época donde muchos hablan de la concentración de medios, Martín Becerra es uno de los pocos que en Argentina se ha dedicado sistemáticamente a estudiarla. Junto con Guillermo Mastrini tienen varias obras que dan cuenta de los procesos económicos detrás de los medios. En una entrevista para plazademayo.com pudimos conversar sobre algunos conceptos que de tan vapuleados corren el riesgo de perder significado.
Desgrabación completa de la entrevista (17/3/2011)
Adriana Amado: Me gustaría empezar a hablar de la Ley de Medios porque ya va a llevar un año, en donde está en plena vigencia y, sin embargo, pareciera que la discusión se limitara al famoso Artículo 161, de la concentración. En cambio, hay un montón de otras cuestiones que podrían estar implementándose y que quedaron en apariencia en suspenso ¿Cómo evaluás vos?
Martín Becerra: Bueno, es cierto que durante este año, la acción de los grupos de medios más importantes estuvo dirigida a impugnar judicialmente parte del contenido de la ley, sobre todo del contenido del Artículo 161 que habla de los plazos de adecuación para cumplir con el tope de concentración que puede tener un mismo grupo, como otros Artículos, el tema del funcionamiento en red, limitaciones que la Ley imponía, que son limitaciones, a mi juicio, razonables y que están en los estándares de otras leyes que hay en otros países del mundo, sobre medios audiovisuales.
Tanto la acción de estos grupos de medios más consolidados, más concentrados de la Argentina, como la acción del gobierno estuvo dirigida a la batalla política que se dirime en torno a este famoso Artículo 161.
A mi juicio, es un error, por lo menos desde la perspectiva de abstraernos de esa disputa entre el gobierno y los principales grupos de medios, porque eso lesiona la Ley. La Ley, como vos preguntabas, es una ley efectivamente que tiene numerosos avances que promueven la producción propia. Esa promoción de producción propia, es una promoción que tiene muchos interrogantes asociados. Fundamentalmente interrogantes que tiene que ver con el funcionamiento económico de los medios de comunicación, si la torta publicitaria va a bancarse la capacidad de sostener la producción propia, si hay otras fuentes alternativas de financiamiento, cuál es el rol del Estado.
AA: Estamos hablando del tema de la financiación. Es cierto que esta nueva producción -especialmente en los lugares locales-, va a demandar muchísimo dinero. Ahora, también es cierto que, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el mismo gobierno, el año pasado se gastó dos millones de pesos por día en publicidad oficial que recayó en los grupos tradicionales.
MB: Recayó en los grupos tradicionales, una buena parte, y en grupo comerciales no tradicionales o por lo menos no históricos -en el caso del grupo Szpolski-, otra parte importante de la torta publicitaria. Sí, eso es cierto, el tema es que la torta publicitaria para mí en la Argentina, no alcanza para garantizar el funcionamiento, ni siquiera de los medios comerciales a la vieja usanza digamos, los medios analógicos. Tal y como estaba todo el panorama antes de la sanción de la Ley, ya la torta publicitaria no alcanzaba. De hecho, los grupos comerciales, tradicionales que funcionan en la Argentina en medios de comunicación, periódicamente recurren al Estado para que condone deudas en las que también, periódicamente suelen caer: previsionales, fiscales, impositivas, de todo tipo.
AA: Aclaremos, se condonaron hace apenas un par de años. Es decir, el mismo año de la sanción de la Ley.
MB: Incluso el año pasado, se terminaron condonando deudas. Creo que es la AFIP la que está en mora respecto de garantizar la adecuación de esa moratoria que la Presidencia de la Nación dió. Quiero decir, hay problemas económicos en el funcionamiento del mercado de medios de la Argentina sin Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de modo tal que ese es un argumento, para mí, falaz. Lo que no significa que la sanción de la Ley al habilitar nuevos actores no lucrativos para prestar servicios, tanto de radio como de televisión, vuelva a introducir esta vieja pregunta de cómo se banca este sistema de medios y probablemente sea objeto de una interesante discusión publica el saber si como sociedad estamos dispuestos a que el Estado tenga reglas ecuánimes, transparentes, digamos reguladas, por algún tipo de ley o de norma consensuada que permita que los medios de comunicación reciban algún tipo de aporte. En otros países del mundo, a esto se le llama “Ayudas a la prensa”, que estimulan la existencia de medios de comunicación, entendiendo que la existencia de estos medios hacen al funcionamiento de la esfera pública, etcétera.
AA: Ahora, uno de los Artículos, por ejemplo, que tiene la Ley y que en apariencia, todavía no entra en vigencia es el artículo 73, que prevé un abono social . Hoy se está discutiendo la vuelta atrás a un aumento para un sector de cable ¿No creés que en esa lucha política se está perdiendo de vista poner en marcha artículos que beneficiarían a un montón de gente y no con una operadora y sino con todas -porque el abono social es para eso-?
MB: Sí, absolutamente. Sé que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual está, en estos días, estudiando de qué manera aplican el abono social, pero es cierto que llevamos desde Octubre del año 2009 -en que el Congreso sancionó la ley-, hasta hoy sin que el tema haya sido abordado y como vos señalás, el efecto social de tener un abono social a la televisión por cable: recordemos que la televisión por cable en la Argentina llega al 70% de los hogares, es decir que en la Argentina, la mayoría de los hogares, para la mayoría de los hogares ver televisión significa ver televisión por cable. De manera que, junto con el esfuerzo que el gobierno hace con el tema de la televisión digital -tema que entre paréntesis esta medio por afuera de la Ley-, la reglamentación del abono social, sería un avance clarísimo en términos de impacto. Impacto concreto sobre lo que hacemos los argentinos con los medios de comunicación.
AA: Justo iba a ir a la Televisión Digital, porque también genera un esfuerzo, una alta expectativa y en apariencia sigue inexistente para la gran mayoría, incluso para la gente que tiene el decodificador que no sabe muy bien cómo se conecta o por qué tiene que conectar el decodificador y prescindir de la TV abierta que vió siempre. Vos ademas agregabas que estaba fuera de la ley.
MB: Está en una zona gris. Para esto, lo que hay que recordar es que la Ley de medios, es una ley anterior a aquella vieja ley de la dictadura, y fue muy resistida por parte de un sector importante de la oposición política, como de los grandes grupos de medios. Yo creo que todo eso se combino en que la ley mirara mucho hacia atrás, mirando mucho hacia los medios analógicos y no tomara tanto en cuenta la convergencia digital y a los medios digitales. Entonces, no es una ley realmente preparada para la convergencia. Recordemos también que fue intención del Poder Ejecutivo, originalmente incluir a las telefónicas en la ley, que en el debate en el Congreso, la oposición de centro izquierda negoció la salida de las telefónicas lo cual, yo diría que redujo más el ámbito de competencia de la ley a los medios analógicos.
Hoy estamos en plena transición hacia lo digital y el gobierno, está con su plan de instalación, de implementación de la televisión digital con la norma japonesa-brasileña. Está implementando todo con medidas administrativas, decretos del Poder Ejecutivo. Esto no lo está llevando adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y, por ejemplo, entre las señales que hoy funcionan en la televisión digital en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, se encuentra CN5 y CN23 de Hadad y de Szpolski. En rigor, estos dos operadores de televisión digital no son licenciatarios de televisión abierta, no tienen una licencia, no ganaron ningún concurso, no se ha hecho ningún concurso, pero tienen una señal de televisión digital. Entonces, yo no me puedo explicar en el marco de la ley, en calidad de qué estos operadores están operando. Entiendo que tienen permisos, digamos, provisorios. Me parece que sería mucho más prolijo, como manda la ley, realizar concursos, otorgar licencias porque ese es un mecanismo público que permite la auditoria social y política, sobre ese proceso. Mientras que la asignación directa de una señal de televisión digital, es un acto altamente discrecional; esto por un lado.
Por otro lado la presencia de la televisión digital en los hogares, yo creo que tiene dos complicaciones. La primera complicación, es como vos decís, la lentitud en la migración de los aparatos de la recepción televisiva de lo analógico a lo digital. Es costoso, hay una parte -que son un millón doscientos mil decodificadores- que el gobierno entrega en régimen de comodato a los beneficiarios de planes sociales y a los jubilados. Como vos señalás, a su vez esto tiene el problema de que muchos de ellos no tienen las competencias necesarias para saber cómo se conecta, etcétera.
Por otro lado, lo que ocurre es que la televisión digital tiene un menú de doce o trece canales, señales como Canal 7, INCAA TV, Encuentro, Paka Paka, CN23, un par de música, y GOL Tv; no muchos más. Con ese menú no resulta atractivo para la población que actualmente tiene el servicio de televisión por cable y que tiene una especie de cultura audiovisual incorporada de 70 u 80 canales, por lo menos.
AA: Sí, o por lo menos los canales abiertos, que son los que generan más intercambio social.
MB: Sí, entonces hasta que los privados no se muden a la TV Digital, -yo entiendo por información que circula, que en Canal 9 y el Canal 11, o sea Telefe, estarían mudándose próximamente- la audiencia esta ahí, quiero decir en el Canal 13, en el Canal 11 básicamente. Entonces en la medida en que los privados no migren a la televisión digital y en la medida en que la televisión digital no ofrezca un menú competitivo para la televisión por cable, no es factible que haya una mudanza grande de la audiencia. Sin embargo, para la población de menores recursos, ese 30% que no tiene acceso a la televisión por cable porque no puede pagarla directamente, haber empezado subsidiando los decodificadores, a mí me parece un buen inicio desde el punto de vista del acceso. No así de la distribución de señales, de la política de transparencia a la hora de imponer las reglas del juego de la propia ley en la televisión digital, ahí creo que hay una deuda pendiente.
AA: Vos hablás de transparencia. También el artículo 111 de la Ley dice que las sanciones que aplique el organismo tienen que ser públicas. Por alguna razón que no se entiende, ni las sanciones, o las multas habituales -ni siquiera las anteriores-, son conocidas por el público. Es decir que vos sabás que el AFSCA ahora, o el COMFER antes, controla algunas cuestiones de las emisiones pero no se sabe si sancionan, si se cobran, cuánto se cobran, cuáles son los canales. A esto se suma la falta de transparencia en la asignación de licencias. También hubo un censo de radios y no se sabe aún a quién se les va a asignar y por qué ¿A qué atribuís esa política, que es claramente contraproducente para la lucha política por la ley?
MB: A una serie de factores. Yo te diría que implementar la Ley resulta más complicado de lo que muchos han soñado en la efervescencia del debate, tanto a favor como en contra de la Ley. Después de tanto años de una inercia en donde los privados, para ponerte un ejemplo, los operadores privados cuando querían funcionar en red, empezaban a funcionar y después le comunicaban al COMFER “¡Che COMFER, estamos funcionando en red!”. Lo mismo pasaba con las transferencias de licencias, o sea, los privados compraban y vendían licencias, que son públicas, de dominio público y tiempo más tarde le anunciaban al COMFER: “Ah, mire ahora el titular es fulano de tal”. Entonces, poner en marcha la ley con un mecanismo muy complejo que es el que la ley prevé, que es estático mirando lo analógico en muchos de sus artículos -esto es una observación critica hacia la ley-, por ejemplo en la cantidad de licencias; es algo complicado que no se hace de un día para el otro.
Yo sé, por ejemplo, que en la Autoridad Federal están ahora procesando el censo. Ahora, el censo se hizo llenando hojas de papel, no se hizo por Internet y, aparentemente, han tenido más de quince mil censados. Con lo cual, procesar eso, es un trabajo infinito. Con esto no es que estoy disculpando a la autoridad, simplemente estoy diciendo que es un trabajo que lleva tiempo realizarlo. Al mismo tiempo, la Autoridad Federal está, como sabemos, tensionada por los vericuetos judiciales, de la judicialización de algunos Artículos y por otro lado yo creo que efectivamente hay en el gobierno sectores que están comprometidos, digamos, en defensa de la Ley y hay sectores que lo que intentan hacer es lo que hicieron todos los gobiernos, que es disciplinar a los medios para que opinen a favor suyo. Entonces, entiendo esta arquitectura: hay ahí también discusiones serias, por ejemplo, también podríamos preguntarnos por qué a un año y pico de sancionada la Ley, tenemos un Canal 9, con el titular que está claramente en infracción a la ley, y no se ha hecho nada. Por qué Francisco de Narváez, siendo Diputado Nacional y estando en contra de la ley, sigue siendo el titular del Canal 2, América TV. Hay una serie de irregularidades, la situación misma de Telefe es otra gran incógnita, que yo creo que en un panorama completamente allanado respecto a la judicialización de la ley y con un gobierno y una oposición política comprometidos en implementar la ley, deberían estar claros y no están nada claros.
AA: Ahora, para cerrar el capítulo Ley de Medios ¿Qué pasa con la autoridad de aplicación? ¿Qué pasa con la Comisión y con los controles que la misma ley preveía?
MB: Yo pienso que existe aquí una concurrencia de dos factores que están “boicoteando” la ley. Uno es la oposición política al gobierno con la ayuda de los grandes grupos de medios. La oposición política se ha resistido a integrar los organismos de control del Poder Ejecutivo, que es algo básico en el juego republicano. Tanto que le gusta a la oposición política del gobierno ir a las embajadas extranjeras a denunciar al gobierno, deberían explicarles por qué siendo oposición, se resisten a controlar al gobierno. Esto es algo medio de locos. Y el propio gobierno, que viendo que la oposición política se resiste a integrar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Comisión Bicameral, el Directorio de los medios públicos, etcétera, entiende que tiene el campo allanado para hacer lo que siempre ha hecho este gobierno y todos los anteriores que es disciplinar a los medios y jugar el juego que saben hacer los políticos. Digamos que no tienen una perspectiva de lo público, no entienden que los medios son un espacio público sino que creen que son un espacio de cooptación, entonces el que tiene más plata, que en general es el que tiene la administración del Estado durante un período determinado, es el que coopta a los medios.
La discusión sobre la pauta oficial es muy interesante porque cuando, por ejemplo, Lanata -alguien de quien no se puede decir que sea Oficialista-, acusa a Víctor Hugo Morales de tener las posiciones que tiene porque esta comprado, habilita el juego de pensar que todos tienen la posición que tienen porque están comprados.
AA: Ahora, ¿no se contribuyó también desde esta discusión -que en algunos casos era una discusión falaz- a generar una suspicacia generalizada en los medios? Yo creo que en siete años, en donde nos jactamos de haber puesto a los medios en el debate, también hemos generado una resistencia de la mayor cantidad de la ciudadanía, porque pasa en los medios, una suspicacia generalizada, y es difícil decir: “Este cobra y no” “Este cobra y sí” “Este no cobra y sí” o sea, me parece que al poner las sospechas sobre uno, sea leal u opositor, estás de alguna manera, poniendo la sospecha en todo.
MB: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, que ese es un efecto, desde mi punto de vista, que no es buscado, pero es uno de los efectos que ha tenido el debate y la polarización, el cariz que tomó este debate. Incluso más, sobre las preguntas que vos hacías, uno podría añadir: ¿y qué pasa con la autonomía del periodista respecto de quién sí le paga y le paga francamente, de su empleador?
AA: De su empleador y sus auspiciantes…
MB: Cuando existe un contrato explícito -porque también hay anunciantes que no aparecen-, cuando hay anunciantes que aparecen ¿Qué pasa con esa situación? ¿Hasta qué punto hay una autonomía limitada? Una autonomía, por lo tanto, que no es tal, pero en qué medida esto se puede plantear, con todos los grises que tienen, que tienen muchos. Hay una gran cantidad de ejemplos que revelan que todavía hoy, en Argentina incluso, esa capacidad de compra, de existir, no es completa, no es omnímoda, no es omnipotente, pero que a la vez, yo creo, este estado de sospecha generalizado dificulta plantear porque cuando uno intenta plantear este matiz con medios que son favorables al gobierno o que son manejados por el gobierno, inmediatamente queda abroquelado desde un lado y cuando intenta plantearlo con los grandes grupos comerciales, que en general son medios que hacen oposición al gobierno, queda del otro lado. Yo creo que hay grandes matices, lamentablemente es uno de estos efectos.
AA: Otro gran perjuicio que tiene hoy el ciudadano consumidor con relación a estos temas, es que las tarifas en Argentina siguen siendo altísimas en comparación con cualquier parte del mundo. Hay una sanción de portabilidad numérica que, por alguna razón u otra, no se implementa y que podría contribuir a esta lógica de que la competencia funcione en el sentido virtuoso, no como lo conocemos nosotros ¿A qué atribuís estas dificultades, por ejemplo, en el mercado telefónico?
MB: El mercado telefónico ha tenido reglas de juego, para mi, bien diferentes al mercado de medios de comunicación audiovisuales en la Argentina. Desde los grandes cambios de las reglas de juego operados a partir del ’89 en adelante. El mercado telefónico, en este siglo, no tuvo para mí, ningún cambio, respecto del rol que el Estado ha tenido sobre ese mercado con lo que venía ocurriendo desde los años ’90. Sí, yo advierto, efectivamente, un cambio en el rol de intervención estatal sobre los medios audiovisuales: la sanción de una nueva ley, la intención de que haya espectáculos deportivos transmitidos en abierto, un cambio en el rol de los medios del Estado, no porque hayan dejado de ser gubernamentales -que lo siguen siendo-, sino en la calidad técnica de la factura, en el interés que despiertan en la audiencia.
No advierto ningún cambio en el mercado de telecomunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones, la SECOM y la CNC fueron, son y siguen siendo absolutamente cooptadas por los principales operadores, que son hoy por hoy Telefónica de España y Telmex, es decir, Claro y Telefónica – Telecom. No ha implementado este Decreto famoso del año 2000, cuando era secretario Aguiar, que establecía beneficios para los usuarios. Portabilidad numérica hay en muchos países sudamericanos, quiero decir, no hace falta traspasar la “Cortina de hierro”, ni convertirnos en la ex Checoslovaquia, o sea, son derechos fundamentales de los consumidores. Esto del famoso “peaje”, que cobran las telefónicas y que impide el ingreso de los competidores al mercado, porque ellas manejan la red que había sido originalmente construida por Entel, entonces le cobran un peaje altísimo, fue descubierto por el gobierno cuando -en el marco de la disputa con Clarín por el tema de Fibertel-, dijo en una metida grande de pata de la CNC, que había algo así como quinientos proveedores de servicios de Internet, que en realidad eran fantasmas, que no existían, que se habían dado de baja, etcétera. La mayoría de los cuales lo que hacen es comprarle el servicio a Telefónica, con lo cual, el peaje que cobra Telefónica, se convierte en el cuello de botella para que haya competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Lo que ocurre en ese mercado hoy por hoy, resulta vital para entender el desarrollo de los medios de comunicación, porque es un sector convergente, porque hoy, aunque la regulación en Argentina lo impida, tarde o temprano -más temprano que tarde en realidad-, va a haber servicios convergentes en donde los mismos operadores van a ofrecer telefonía básica móvil, Internet de banda ancha y televisión por cable.
AA: Ahora, esta consigna del “monopolio”: también hay un montón de otros monopolios u oligopolios -técnicamente más correcto seria decir-, que parecen “opacos” a la discusión. Vos mencionabas Telefé. Es un canal de televisión asociado a una telefónica con todas estas cuestiones ¿Por qué se decide la discusión con uno y los otros hacen un poco su negocio, como si nada?
MB: Bueno, a mi me encantaría saber por qué. Porque yo creo que ni el gobierno ni el Grupo Clarín, hasta ahora, se han sincerado. Yo no los conozco, o por lo menos no brindaron públicamente, todos los elementos de juicio para saber por qué siendo aliados -el gobierno en la administración de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 fue un aliado muy fiel y generoso con los grupos concentrados, con los oligopolios, tanto en medios de comunicación como en telecomunicaciones- se produjo la ruptura. Entiendo yo, que el gobierno creyó que con su generosidad obtuvo un buen pago, efectivamente el Grupo Clarín también fue muy generoso con el gobierno en esos años y las razones de la ruptura -que la explica Néstor Kirchner en una entrevista que le hace Verbitsky en enero, febrero del año 2008 o 2009- nunca han sido sinceradas del todo. Mientras tanto, el gobierno siguió conservando una alianza muy fuerte con el oligopolio telefónico, tanto es así que en telefonía básica, las tarifas están reguladas por el Estado, pero la telefonía básica nos alcanza a los que somos de clase media en la Argentina, a la clase media y a las clases altas. A las clases populares, la telefonía básica no le alcanza porque no llega, no tienen ese servicio y las tarifas desreguladas de la telefonía en Argentina, son las de telefonía móvil que son las que Movistar, Personal y Claro quieren tener. El negocio de Personal, Movistar y de Claro -cuando uno lee los balances de las empresas telefónicas- viene por lo que facturan en telefonía móvil, que son los teléfonos que pagan los sectores populares en Argentina. Entonces, así hay nuevamente -igual que ocurre con el gas, con la electricidad y con tantos otros servicios- un subsidio de las clases populares a los sectores medios y altos, que somos los que tenemos la capacidad de presión para aparecer en la agenda de los diarios si nos aumentan la tarifa de telefonía telefonía fija. Entonces, pensando en el tema monopolio y oligopolio, yo creo que el debate sobre la ley ha sido de enorme valor, en muchos aspectos y tal vez un aspecto en el que hay cierta exageración, es la utopía de que haya actividades como estas sin grupos importantes, porque la telefonía y los medios de comunicación, “naturalmente” tienden a que hayan grupos fuertes. Es decir, la telefonía naturalmente tiende a la concentración. La cuestión clave de saber: el Estado, qué exigencias le plantea a los grupos concentrados. De hecho, la nueva ley se servicios de comunicación audiovisual permite que hayan grupos concentrados porque diez licencias, no es moco de pavo. El asunto es qué exigencias, vos decís: “Mire, usted tiene sobre este bien, que es de dominio público, una condición privilegiada, porque va a explotar una gran cantidad de esta porción y el resto de los argentinos, no”. En consecuencia, yo Estado, yo poder político, le exijo una determinada cantidad de contraprestaciones por ese lugar privilegiado que ocupa. En las telefónicas, sería esto que decimos, tarifas reguladas, “peajes razonables”, portabilidad numérica, etcétera.
AA: Ahora, visto el balance, digamos, no podemos decir que hay una democratización de la comunicación ni tampoco podemos decir que la ley de medios trajo esa mejora sustancial inmediata que muchos periodistas o colegas proclamaban, pero sin embargo me parece que la discusión política fue exitosa, es decir, mucha gente dice: “Lo bueno es que es la ley de medios” o “estamos venciendo al monopolio”. Primero como si fuera un monopolio y segundo como si fuera único ¿No hay una eficacia para que estemos más desinformados qué hace un tiempo atrás y estemos en situaciones estructurales un poco peor?
MB: No, no creo. Es decir, me parece que en relación al marco legal, sin dudas hay un cambio de perspectivas enormemente favorable porque la ley de medios reconoce derechos. Cuando hay una garantía, es como si vos me dijeras: “Mirá, la Constitución del ’94 se aplica mal -supongamos en este aspecto el del derecho a la vivienda que se aplica horrendamente mal- y entonces estamos peor que antes”. Quiero decir, la Constitución del ’53 era peor que la del ’94. La del ’94 tiene muchos aspectos en los que significa un enorme avance en el reconocimiento de derechos. Esto pasa con la ley de servicios de comunicación audiovisual y la trampa de su implementación, trampa en el marco del conflicto y de la polarización binaria gobierno-oposición y grupos de medios .eEspero que como sociedad -porque esto no es un problema sólo de Cristina Fernández o solo del Sr. Magnetto o solo de la Sra. Giudici- seamos capaces de reclamar por la materialización de los derechos que la ley incluye. Entiendo que esto puede ser un planteo metafísico, vas a decir : “Ah, usted me habla de leyes, de intangibles”. Sí, en parte sí; en parte las disputas políticas tienen que ver con esto. Una parte es la institucionalización, o sea la cristalización de que hay derechos y que como sociedad lo consideramos derechos. Luego, cómo se materializa ese derecho, efectivamente es un quilombete. Es un problema que tiene numerosas aristas y al respecto, tampoco creo que estemos peor que antes, por decirlo de alguna manera. Es decir, creo que se ha puesto la luz de la discusión pública sobre el hecho de que hay actividades que todos tenemos derecho a utilizar y la ley, aún teniendo muchos artículos suspendidos por la Justicia, por cautelares digamos, en los aspectos en donde se vaya aplicando -ya sea, aunque parezca menor, la exigencia de producción propia en los canales de Capital Federal, en las radios de la Capital Federal que es la primera etapa de implementación; o el coto de los chivos que no se eliminaron pero se están acotando, y de la publicidad-, ya eso implica cierta mejora. Pronto, lo que va a ocurrir es que las redes tampoco van a poder funcionar 24 horas, los 7 días de la semana, por 365 días al año. Eso va a estimular un poco la producción propia.
Si a ese tipo, le implementan la tarifa social de televisión por cable, ya se está conformando el consejo del menor y de la familia, es decir, ya hay algún tipo de aspectos que entiendo que frente al tenor de la demanda que hubo, son aspectos menores y lentos en su implementación. Es lento, sí. Yo estoy seguro de que es lento.
En el momento de la ley, algunos señalábamos que la clave se va a visualizar cuando pasen cinco o diez años, y ahí tengamos elementos de juicio para evaluar si la ley fue buena o no. Yo te decía al pasar, que hay algunos aspectos de la ley, muy estáticos. Yo creo que van a reclamar cambios en la ley -en la perspectiva de que es una buena ley- cuando se digitalicen radio y televisión. Diez licencias no van a ser nada, así que eso va a tener que cambiar, va a tener que hacerse una red de convergencia con las telecomunicaciones, va a haber que hacerse una ley de financiamiento de los medios de comunicación, que es buscar en donde está que el meollo de los negocios que muchos suponemos que están discutiendo Clarín y el gobierno, pero como no se sincera no aparecen con claridad. Yo creo que la ley es una plataforma indispensable para discutir todo esto. No me imagino que podamos discutir estas cosas pendientes con la Ley de Videla.